El homicidio y la desaparición en México tienen rostro de jóvenes, ya que es el Estado mexicano a través del proceso de criminalización el que ha desarrollado los anticuerpos necesarios para que la sociedad en su conjunto vea la peligrosidad de las personas jóvenes, negando la posibilidad del desarrollo integral y colocando en un estado de riesgo psicofísico a las juventudes.
A diez años de guerra contra la delincuencia organizada hemos constatado que el verdadero resultado es: que el proceso de desarrollo de las personas jóvenes en algunas regiones está roto; que sus sueños están rotos también en sus comunidades y regiones a lo largo y ancho del país, en donde las personas jóvenes no han encontrado formas efectivas de protección, participación y desarrollo.
Este acumulado de situaciones, nos permite ver la problemática sistémica que enfrentan las y los jóvenes en México. En muchos de los casos el homicidio juvenil es producto de factores como: la deserción educativa, la violencia en el hogar, la permisibilidad en el tráfico de armas, la corrupción y la impunidad. Es el homicidio juvenil, aquel cometido por fuerzas castrenses y policíacas o por integrantes del crimen organizado, el que genera más muertes en la población juvenil, jóvenes enfrentando jóvenes es el paradigma construido en los últimos 10 años en México.
Este paradigma se estructura en la vida cotidiana de los jóvenes desde el fenómeno de la violencia provocada por la delincuencia organizada pero también en las condiciones excluyentes de la institucionalidad.
]]>Lee el artículo completo en la Revista Resiliencia #3, página 108 a 116:
Este trabajo está dedicado a todos los familiares de víctimas que nos acompañan en el camino.
Este cómic-documental forma parte de la serie Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
]]>Lee el cómic completo en la Revista Resiliencia #3, página 71 a 107:
En nuestro país la creciente desaparición de personas va acompañado del dolor inenarrable que conlleva la búsqueda de las personas que están ausentes. La búsqueda de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández por parte de sus familiares abrió la posibilidad a muchas otras personas desaparecidas a ser encontradas por sus familiares en las fosas de Tetelcingo.
Para comprender en su real dimensión los impactos que producen la falta de verdad y justicia en los familiares que buscan a personas desaparecidas, hace falta mucho más que las ramas y prácticas terapéuticas de la Psicología para comprender la crisis al proyecto de vida y a la dignidad que sufre una víctima tras vivir un hecho intencionado de violencia perpetuado por cualquier nivel del servicio público, que les impide el acceso a dar con el paradero de sus familiares desaparecidos, pues se rompen en las víctimas muchas de sus creencias básicas relacionadas a la justicia, a la protección, a la autoridad, entre otras concepciones que le dan estructura.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que la salud mental habrá de entenderse como un estado que no sólo reconoce la realidad, sino que también tiene una actitud activa, transformadora frente a ésta. La salud mental habrá de entenderse en términos positivos y amplios: no se trata únicamente de un funcionamiento satisfactorio de la persona; se trata de un carácter básico de las relaciones humanas que define las posibilidades de humanización que se abren para los miembros de cada sociedad y grupo.
Partiendo de dicha definición, es entonces que; encontramos que lo que se ha roto para una víctima es su proceso satisfactorio de humanización frente a la sociedad, pero no así su reconocimiento de la realidad y su actitud activa y transformadora. Dicho de otro modo, la perspectiva psicosocial acompañará el proceso que da sentido a la experiencia vivida, para fortalecer capacidades de transformación frente a la realidad que, de manera intencionada, le puso en el lugar en el que se encuentra: buscando justicia y verdad.
Lee el artículo completo en la Revista Resiliencia #3, página 63 a 70:
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Apenas unas semanas después de que las fosas clandestinas del gobierno de Morelos se dieran a conocer en medios de comunicación, gracias a la denuncia de María y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, hubo voces que dieron por hecho que una buena parte de los cuerpos pertenecían a personas que murieron por diversas causas cuando se encontraban privadas de su libertad en centros penitenciarios del estado de Morelos.
Asimismo, en enero de 2016, Javier Pérez Durón, Fiscal General del Estado de Morelos informó que “…61 de ellos [cuerpos inhumados en las fosas de Tetelcingo] han sido plenamente identificados con nombre y apellido”, entre los cuales 13 de las personas inhumadas en Tetelcingo estaban plenamente identificadas por registros AFIS (por tener antecedentes penales). Sin embargo, de acuerdo a la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los familiares de víctimas de desaparición que estuvieron presentes en la exhumación de los 117 cuerpos y 12 restos presentes en las dos fosas clandestinas de Tetelcingo, sólo ocho de los cuerpos exhumados poseían dentro del embalaje algún documento oficial que contenía el nombre de la persona fallecida.
]]>Lee el artículo completo en la Revista Resiliencia #3, página 61 a 62:
En el día 11 de la exhumación de cuerpos en las fosas clandestinas del gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu en Tetelcingo municipio de Cuaut-la Morelos, los equipos periciales independientes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), confirmaron el hallazgo de los restos de tres menores de edad de aproximadamente 6 y 9 años, así como de un bebé recién nacido.
En ese momento, profundamente conmovido, uno los peritos de la UAEM se preguntaba indignado “¿Quién puede pensar en que desaparece un niño o una niña y no lo van a buscar? ¿Cómo es posible que se hayan echado ahí abajo con 50 cuerpos de adultos?
]]>Lee el artículo completo en la Revista Resiliencia #3, página 56 a 60:
El presente informe de valoración busca contribuir al memorial documental que prepara la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), específicamente su Programa de Atención a Víctimas (PAV), en torno a la inhumación de ciento diecisiete cuerpos en dos fosas realizadas por el Gobierno del Estado de Morelos en la Delegación de Tetelcingo del Municipio de Cuautla de esa entidad federativa el 28 de marzo de 2014 “Día Estatal de las Víctimas”, halladas a partir de la búsqueda que emprendieron los familiares de una de las víctimas inhumadas en el lugar, Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, en el mes de diciembre de aquel año.
En concreto me referiré a 1) el marco normativo aplicable al caso; 2) los indicadores forenses relativos a las circunstancias y condiciones de los cuerpos de las personas –94% de las cuales aún no han sido identificadas– que fueron inhumadas en las fosas, y si puede determinarse a partir de ellos la posibilidad de que hubieran sido víctimas de violaciones de derechos humanos tales como la ejecución arbitraria, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada u otras; de igual modo, 3) si de los antedichos indicadores se desprende la posibilidad de que las autoridades encargadas del manejo de los cuerpos hubieran incurrido en violaciones de derechos humanos, incluyendo la tortura, así como la violación de los derechos de las víctimas al acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral; y a partir de las citadas observaciones, 4) desplegar un conjunto brevísimo de recomendaciones que se estima conveniente adoptar en el presente caso por parte de las víctimas, quienes las acompañan y las autoridades públicas competentes.
]]>Lee el artículo completo en la Revista Resiliencia #3, página 38 a 55:
En el derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario, existen diversos instrumentos internacionales que brindan protección a las víctimas de delito y a víctimas del abuso de poder (víctimas de violaciones a derechos humanos); nos interesa enunciar los más importantes y comentar lo que se establece particularmente en dos de ellos, por la especificidad que tienen en relación con el derecho de las víctimas al acompañamiento en los procesos de acceso a la verdad y a la justicia.
]]>Lee el artículo completo en la Revista Resiliencia #3, página 30 a 37:
El estudio más profundo y serio desde el ángulo del Derecho Penal internacional (DPI) sobre la violencia que se ha vivido en México durante los últimos 10 años es el que recientemente presentó Open Society Justice Initiative (OSJI). El informe se titula Atrocidades innegables. Confrontando Crímenes de lesa humanidad en México. Es un estudio realizado en conjunto con expertos nacionales y extranjeros y la colaboración de organizaciones de la sociedad civil mexicana.
A diferencia de otros estudios centrados en el derecho penal ordinario o el sistema de derechos humanos, este informe analiza desde el DPI. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial dieron el sustento para iniciar un proceso que ha ido conformando al DPI. Su eje rector es proteger los valores trascendentales para la comunidad internacional, en particular aquellos producidos por la violencia desenfrenada y articulada que requieren la corresponsabilidad internacional y no solo la del Estado en la que ocurre, ya que se trata de fenómenos estructurados, organizados y en algunos casos maquillados desde los poderes de facto, sean formales o no. En resumen, se trata de crímenes que agreden la condición humana y que requieren asignar responsabilidades individuales. El DPI, dentro del Estatuto de Roma, contempla los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.
]]>Lee el artículo completo en la Revista Resiliencia #3, página 25 a 29:
El descubrimiento de las fosas de Tetelcingo nos permite reconocer la violencia que ejerce el estado sobre los cadáveres humanos, a través de la crueldad y la reproducción del terror en un escenario de impunidad generalizada. En este informe interpretativo se presentan algunos aspectos de análisis desde la antropología social, la antropología jurídica, la antropología física y la arqueología, con el fin de promover una reflexión crítica sobre los mecanismos de violencia a los que refieren los entierros irregulares perpetrados por el Estado de Morelos
Para ello se revisó la prensa local, los documentos jurídicos relativos a la inhumación y exhumación de restos humanos, y los reportes presentados por los peritos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sobre los hallazgos obtenidos en las dos fosas ubicadas en el Cementerio de Tetelcingo, Morelos, entre el 23 de mayo y el 2 de junio de 2016. Este informe se centra en las tramas simbólicas presentes en los actos de violencia, la ilegalidad de las acciones cometidas por las autoridades estatales y las irregularidades en el orden del registro arqueológico y de los cadáveres inhumados, como aspectos de un mecanismo de deshumanización y basurización del cuerpo humano, que siembra terror y perpetúa la impunidad.
]]>Lee el artículo completo en la Revista Resiliencia #3, página 8 a 24: