Escrito por Roberto Villanueva Guzmán.
Apenas unas semanas después de que las fosas clandestinas del gobierno de Morelos se dieran a conocer en medios de comunicación, gracias a la denuncia de María y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, hubo voces que dieron por hecho que una buena parte de los cuerpos pertenecían a personas que murieron por diversas causas cuando se encontraban privadas de su libertad en centros penitenciarios del estado de Morelos.
Asimismo, en enero de 2016, Javier Pérez Durón, Fiscal General del Estado de Morelos informó que “…61 de ellos [cuerpos inhumados en las fosas de Tetelcingo] han sido plenamente identificados con nombre y apellido”, entre los cuales 13 de las personas inhumadas en Tetelcingo estaban plenamente identificadas por registros AFIS (por tener antecedentes penales). Sin embargo, de acuerdo a la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los familiares de víctimas de desaparición que estuvieron presentes en la exhumación de los 117 cuerpos y 12 restos presentes en las dos fosas clandestinas de Tetelcingo, sólo ocho de los cuerpos exhumados poseían dentro del embalaje algún documento oficial que contenía el nombre de la persona fallecida.
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