“Yo soy Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, y también pensaba que a mi, no me iba a pasar nada…hoy, ya no estoy aquí, ¿y mañana, quien sigue?

  • 4. abril 2016
840 486 Lekil Kuxlejal

Escrito por Roberto Villanueva Guzmán y Jaime Luis.

El 24 de mayo de 2013, Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, comerciante de 31 años de edad, fue privado de su libertad por un grupo de hombres armados en la colonia Ampliación Tepepa, del Municipio de Cuautla, Morelos, ubicado en el centro del país, a tan sólo unos 100 km de la capital mexicana.

El 3 de junio de 2013, Oliver fue encontrado sin vida, en el municipio vecino de Ayala, con signos de tortura y disparos de arma de fuego. Al ser notificada la familia, su madre; María Concepción Hernández y su tía Amalia Hernández, se trasladaron a las oficinas de Servicios Periciales del Estado de Morelos para identificar el cadáver y comenzar con los preparativos funerarios, acordes a sus tradiciones y creencias; sin embargo, se les negó la entrega del cuerpo de Oliver, argumentando la necesidad de llevar a cabo una identificación genética debido a las condiciones en las que éste se encontraba, a pesar de que la familia lo había identificado plenamente por la ropa que portaba, posteriormente a través de sus huellas digitales y además por características identitarias. Al paso de los días, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos (PG-JEM) informó a la familia que no contaba con personal para realizar los estudios científicos necesarios, y que por ello no era posible entregarles a Oliver, asimismo, no existía una línea de investigación clara y no se tenía ningún detenido por la privación de la libertad y posterior asesinato.Tras observar la dilación de la PGJEM, María y Amalia ofrecieron hacer todo lo necesario para conseguir el personal y los insumos médicos necesarios para cotejar la muestra de ADN del cuerpo de Oliver con los proporcionados por sus padres, por lo que la PGJEM le solicitó a María Concepción llevar las muestras junto con personal de la PGJEM a la Fiscalía del estado de Guerrero, con la finalidad de agilizar la identificación. María y Amalia, cubrieron los gastos de transportación y acudieron personalmente a la Fiscalía de Guerrero.

Lee el artículo completo en la Revista Resiliencia #2, página 42 a 49:

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